PRIMERO. Excluir de la clasificación la oferta presentada por la mercantil Riu, S.A., con CIF número A39032263, al considerar que la oferta presentada no puede ser cumplida en base a los informes técnicos mencionados.
SEGUNDO. Adjudicar a la empresa Rucecan, S.L., con número de CIF B39493978, el contrato de obras de construcción de carriles peatonales en Valdeolea, por procedimiento abierto, único criterio de adjudicación, por un precio de 127.617,04 Euros y 26.799,58 Euros de IVA, lo que supone un importe total de 154.416,62 Euros, en tanto es la oferta económicamente más ventajosa de las no excluidas.
TERCERO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación 1531.61900 del presupuesto vigente de gastos.
CUARTO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada.
QUINTO. Notificar a Rucecan, S.L., adjudicatario del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación por parte del adjudicatario y del resto de los licitadores, procediendo a la devolución de la garantía provisional constituida
SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio Básico de Seguridad y del Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.
SÉPTIMO. Publicar la formalización del contrato de obras de construcción de carriles peatonales en Valdeolea en el Perfil de contratante.
OCTAVO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.