Por la Dirección General de Mercamadrid, S.A. se ha acordado en el día de hoy:
Primero.- Ratificar la exclusión o rechazo de las ofertas presentadas por JOMAR SEGURIDAD S.L., DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L., INVESTIGACIÓN & CONSULTING, S.A., SABICO SEGURIDAD S.A. y SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. por los motivos señalados en el expositivo (v) de este acuerdo y el acta de la mesa de contratación 2023/00026 SESION 2 de 24 de octubre de 2023.
Segundo.- Ratificar la exclusión o rechazo de la oferta presentada por MADRID CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES S.L. por los motivos señalados en el expositivo (ix) de este acuerdo y el acta de la mesa de contratación 2023/00026 SESION 4 de 30 de octubre de 2023.
Tercero.- Adjudicar el CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA DEL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS DE MERCAMADRID, S.A. PC-MER/2023/00026-ORD a favor de SAIMA SEGURIDAD S.A. - CIF: A80573629, por la cantidad de SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (60.379,26 €), más la cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (12.679,64 €) en concepto de IVA, haciendo un total de SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (73.058,90 €) conforme a los precios unitarios ofertados, así como las demás condiciones técnicas y económicas establecidas en su proposición y términos contenidos en los Pliegos, en base a la propuesta de la Mesa de Contratación designada al efecto, contenida en su acta 2023/00026 SESION 4, de 30 de octubre de 2023.
Los actos de preparación y adjudicación de los procedimientos de contratación de Mercamadrid, S.A. sujetos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), podrán ser objeto de recurso ante el titular del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid a la que se encuentra adscrita Mercamadrid, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321.5 de la LCSP, y de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa