La contratación a realizar se califica como contrato de carácter administrativo de suministro, sujeto a regulación armonizada, de conformidad con los artículos 16, 19 y 25 de la LCSP, quedando sometida a dicha ley, a las normas reglamentarias que la desarrollen y a las cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas. Supletoriamente serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias.
Los órganos de contratación podrán celebrar acuerdos marco con uno o varios empresarios con la finalidad de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos específicos que se pretenden adjudicar durante un período determinado, en particular por lo que respecta a los precios, y, en su caso, a las cantidades previstas siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.
Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
No obstante, al estar ante un suministro con valor estimado superior a los cien mil euros, serán susceptible de recurso especial en materia de contratación los siguientes actos y decisiones relacionadas en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP.
El acuerdo marco se adjudicará por procedimiento de adjudicación abierto, sujeto a regulación armonizada, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores, previsto en el artículo 156 de la LCSP.