- Capacidad de obrar
- Las condiciones de aptitud de las personas naturales o jurídicas, se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de contratos del Sector Público (en adelante LCSP).
En caso de ser propuesto como adjudicatario deberá acreditarlo según se señala en la cláusula 2.8 del PCAP.
- Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad
- Los licitadores que sean empresas con 50 o más trabajadores, tendrán que cumplir el requisito de que, al menos, el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. Asimismo, en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, habrán de cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.
- No prohibición para contratar
- Los licitadores no podrán estar incursos en alguna de las prohibiciones para contratar detalladas en el artículo 71 de la LCSP.
- No estar incurso en incompatibilidades
- Los licitadores no podrán estar incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidades descritos en el artículo 71.1, letra g).
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Los licitadores deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de las con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determine.
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- Los licitadores deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determine.
- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
- Si el licitador fuere una empresa extranjera, deberá someterse expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.