Motivación De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y de acuerdo con el procedimiento de adjudicación descrito en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de las Obras relativas al Proyecto de “Reparación del Dique Juan Carlos I tras los temporales de 2018”, en virtud de las facultades que le corresponden como Órgano de Contratación de la Autoridad Portuaria, a la vista de la propuesta formulada por la Mesa de Contratación en el Acta de Valoración y Propuesta de adjudicación suscrita por sus miembros con fecha 5 de noviembre de 2018, se ha considerado lo siguiente:
1.- En primer lugar, que las ofertas presentadas por la UTE Acciona Construcción, S.A. – TR Construya, S.L.U., UTE Obras Generales del Norte, S.A. – Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos, S.A., y la empresa Germán Gil Senda, S.A., que se encontraban incursas en presunción de temeridad, han de ser excluidas del procedimiento por entender que no se justifica ninguna condición excepcionalmente favorable que dispongan los licitadores, que justifiquen los precios ofertados, ni ahorros significativos que resulten aplicables a los procesos de ejecución, o soluciones innovadoras/originales para la ejecución, que generen menos costes, según consta en la referida Acta y en el Informe que al respecto ha emitido la Comisión Técnica, son estimadas como insuficientes para entender económicamente viables las ofertas presentadas.
2.- Que la oferta presentada por la UTE Sociedad Anónima Trabajos y Obras – Canteras Reunidas de Huelva, S.L., es la oferta de mejor relación calidad-precio, según los criterios de valoración establecidos en el citado Pliego, todo ello de conformidad con la propuesta presentada por la Mesa de Contratación en la referida Acta de fecha 5 de noviembre de 2018 en la que constan los cálculos realizados al respecto.
Habiéndose sustanciado los trámites señalados en los referidos pliegos respecto de la presentación por parte del licitador propuesto como adjudicatario de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos para proceder a la adjudicación del contrato a su favor, y tras haber constituido la garantía definitiva procedente, todo ello de acuerdo con las especificaciones que resultan de aplicación previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público