Motivación Que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, en concreto en su artículo 25.2 f) la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que el Municipio ejercerá su competencia en policía local, protección civil, prevención y protección de incendios.
En nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en sus artículos 18.5 y 66, establece respectivamente el derecho de las personas usuarias turísticas a la existencia de un servicio de socorrismo y señales sobre la peligrosidad del mar en cada momento, así como la correlativa obligación de los municipios de implantar tales servicios, derivando su determinación de manera reglamentaria.
Y finalmente el artículo 115 c) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, establece como competencia municipal mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.
Ante esta situación se hace precisa la contratación de los servicios de socorrismo y salvamento, en aras a satisfacer a los efectos previstos en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público.