Doña Carmen Noguero Galilea, Secretaria General del “Instituto Cervantes”, nombrada mediante
Orden AUC/971/2018, de 18 de septiembre de 2018, (BOE de 22 de septiembre de 2018) interviene
en nombre y representación de dicho organismo, en virtud de las facultades que le fueron delegadas
mediante Resolución de 18 de enero de 2021 (BOE de 28 de enero de 2021)
R E S U E L V O
Adjudicar el contrato de Servicio de mensajería y envío de documentación del Instituto Cervantes,
dividido en dos lotes, Lote 1: Servicio de mensajería y transporte de documentación y paquetería
nacional e internacional para el Instituto Cervantes, a GESTIÓN TRANSPORTES Y
DISTRIBUCIÓN MENSAJEROS, S.L., por un importe máximo de NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (92.579,60 €), IVA no
incluido, por ser el licitador, de los no excluidos en alguna de las fases de valoración, que ha obtenido
la mayor puntuación en la suma de todos los criterios de adjudicación, conforme se detalla:
LICITADOR PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN TOTAL
CRITERIOS SUJETOS CRITERIOS
A JUICIO DE VALOR AUTOMÁTICOS
GESTIÓN TRANSPORTES Y DISTRIBUCIÓN
MENSAJEROS, S.L. 18.04 67.42 85,46
SEUR GEOPOST S.L.U. 3.95 80.00 83,95
OPTIMUS GESTION LOGISTICA, S.L. 7.56 57.52 65,08
Contra la presente resolución cabe interponer, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014, el recurso especial en materia de contratación en el plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado,
con carácter previo al recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
en el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.